La tarde del 30 de noviembre de 2010 será recordada como una de las más trágicas en la historia del Atlántico.

Ese día la fuerte y caudalosa corriente del Canal del Dique rompió el carreteable Calamar – Santa Lucía, a la altura del kilómetro 3 + 300.

Los pronósticos meteorológico ya advertían lo que podía suceder. De hecho, Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (Ideha), de la Universidad del Norte, a cargo del Ingeniero Manuel Alvarado Ortega, ratificó que entre la primera semana de agosto y finales de año, el río Magdalena presentó niveles extremos, por encima de su cota de desbordamiento, con ocurrencia de los niveles y caudales más altos del registro disponible en la estación del Ideam en Calamar. “Situación que está asociada a un período de incidencia del llamado fenómeno de “La Niña”, que se caracterizó por constantes y fuertes lluvias en todo el territorio colombiano”.

Como consecuencia de ello resultaron afectadas las poblaciones de Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Bohórquez, Algodonal, Carreto, Repelón, Rotinet, Villa Rosa, La Peña, Aguada de Pablo y Suan, alcanzando a llegar a La Cordialidad, en el sector de Arroyo de Piedra.

Días antes, el entonces Gobernador, y hoy gobernador electo, Eduardo Verano De la Rosa había manifestado el célebre anuncio de que el Atlántico estaba “blindado” frente a cualquier eventualidad, como las que ya se venían advirtiendo.

Pero el blindaje no funcionó porque las inundaciones afectaron 150 kilómetros cuadrados del área del Embalse de el Guájaro, con el ingreso de 150 millones de metros cúbicos de agua. Y el sur del Atlántico como tal resultó afectado con un área de 400 kilómetros cuadrados con el ingreso de 1.200 millones de metros cúbicos de agua.

Adicionalmente se presentaron otras afectaciones: 27 kilómetros de la Carretera Oriental, 25 kilómetros del dique carreteable Calamar – Las Compuertas, fallas en las presas Villa Rosa y Polonia, así como las cimentaciones de los puentes sobre el Canal del Dique en Calamar y Gambote. Además de los graves daños a viviendas, hospitales, escuelas, acueductos, oficinas públicas e infraestructura en general.

Los censos realizados inicialmente por Colombia Humanitaria concluyeron que la emergencia dejó 174.739 damnificados.

Veintiseis años atrás el sur del Atlántico había vivido otra gran inundación, esa vez, de 350 millones de metros cúbicos de agua. En esa oportunidad la emergencia fue superada en un término de 8 meses.

Lo que siguió después del 30 de noviembre de 2010 fue un verdadero tormento. La cantidad de agua que se estimaba sacar por el sistema de gravedad, no pudo ser evacuada porque en ese tiempo empató con el siguiente invierno.

Por ello se recurrió al sistema de bombeo, que también registró toda clase de inconvenientes, retrasando la evacuación.

La atención de la emergencia también develó enormes fallas por parte de los diferentes entes: Gobernación del Atlántico, Colombia Humanitaria y Fondo Adaptación, principalmente. Los informes de auditoría de la Contraloría General de la República rajan al Fondo Adaptación en todo este proceso.

Por ello, es evidente que la recuperación del sur del Atlántico ha demorado más de la cuenta, tanto así, que aún este sábado y cinco años después, “Villa Cambuche” seguía simbolizando la desidia oficial en esta emergencia.

Paradójicamente, mientras el sur del Atlántico permanecía bajo agua, en la Secretaría de Desarrollo Departamental, a cargo de Luis Humberto Martínez, (hoy gerente del Instituto Colombiano Agropeciuario ICA) se adjudicaron contratos para la siembra de semillas, lo que deja en evidencia la falta de prioridades de la Administración para la atención de la emergencia y lo alejados que estaban del problema.

A todo ello se suman hechos de corrupción, reflejados en la desviación de recursos destinados para los damnificados, tal como sucedió en el municipio de Santa Lucía.

La gran tarea ahora es la reactivación económica del sur y la reivindicación de una población que ha tenido que soportar cinco años para superar la emergencia “gota a gota”.

Definitivamente, la emergencia de 2010 y todo lo que ha sucedido en estos cinco años, no solo deja la amarga experiencia de la tragedia sino, también, la poca eficacia, eficiencia, oportunidad y pertinencia de las autoridades competentes para prevenir y resolver situaciones como estas.